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Se cuestiona los efectos perjudiciales en la salud de la antigua FUA tras un informe médico. |
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miércoles, 12 de diciembre de 2007 |
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El abogado de los ex trabajadores anuncia que ha presentado alegaciones que desmontan el estudio.
Tras conocer un estudio médico el colectivo de los antiguos trabajadores de la Fábrica de Uranio (FUA) se llevaron un fuerte golpe que frena sus aspiraciones que es la del reconocimiento de unas pensiones correspondientes por las enfermedades y muertes que se hayan podido ocasionar por haber estados expuestos al gran peligro que supone el manejo de uranio, pero ellos quieren seguir esta lucha.
Un escrito del CIEMAT (Centro de Investigaciones Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia), recoge un informe y estudio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
que descarta que exista un nexo de causalidad entre los daños padecidos por estos ex trabajadores y la actividad desempeñada en la antigua fábrica de uranio, que además revela que no se han sobrepasado las dosis de exposición radiológica establecidas por la normativa legal en el período estudiado, ni en la legislación vigente y una argumentación que ha causado una enorme indignación en la ciudad como que la incidencia de los tumores de pulmón que aparecen en el estudio a los 72 trabajadores no ha sido confirmada por los «adecuados estudios técnicos sanitarios», aunque admite que su incidencia es significativa.
El abogado representante de este colectivo, Manuel Vázquez, ha indicado que esta conclusión del Colegio de Médicos de Madrid no concuerda con la realidad, porque asegura que estos ex trabajadores han sido objeto de las pertinentes pruebas médicas que revelan la relación causa-efecto del uranio en su salud, por lo que confirma que han presentado las alegaciones correspondientes que en su opinión avalan la reivindicación que viene manteniendo este colectivo.
Los ex trabajadores han quedado muy desilusionados tras este suceso, aunque confían en el trabajo de su abogado.
En esta legislatura no va a dar tiempo a que se cumpla la promesa política que reflejó en el convenio entre la Junta y el Ministerio de Trabajo.
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